Luna, parque nacional

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A pesar de que la ONU considera a la Luna patrimonio de la humanidad y no de ningún país en particular, parlamentarios norteamericanos quieren que los sitios del satélite tocados por sus astronautas sean considerados parques nacionales de su país.

EEUU quiere que la Luna sea su parque nacional

Coincidiendo con el 45º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, parlamentarios de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para que las partes del satélite terrestre tocadas por naves y astronautas norteamericanos sean considerados parques nacionales... de Estados Unidos.

Los legisladores argumentan que "el programa lunar Apolo fue uno de los grandes logros de la historia estadounidense", por lo cual consideran que se trata de una parte importante del "patrimonio" norteamericano y por lo tanto merecen protección especial contra los demás países capaces de alcanzar la Luna.

El proyecto, sin embargo, contradice la legislación internacional vigente. En 1967, la ONU firmó el Tratado del Espacio Exterior, que presupone que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna, no podrá ser objeto de ningún tipo de apropiación por parte de país alguno.

Contrario a la ONU

El proyecto de ley pretende proteger a los lugares lunares que tocaron las naves Apolo, incluida su tripulación, de iniciativas comerciales o naciones extranjeras que ya tienen capacidad para aterrizar en la Luna, como es el caso de China.

Al mismo tiempo, persigue que, a través de esta protección, reciba un mayor reconocimiento público. “Los lugares y artefactos que puso Estados Unidos en la superficie de la Luna son significativos para este país y para la historia de la humanidad, como parte de la Guerra Fría y de la exploración espacial”, destaca O’Leary.

En su opinión, la iniciativa está mal planteada porque no engloba a la comunidad internacional, y choca con el Tratado del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en 1967 y al que se han adherido más de 100 países, entre ellos, Estados Unidos.

En su artículo II, el Tratado establece que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.

“Si el proyecto se convierte en ley y establece una propiedad y jurisdicción permanente y exclusiva de estos lugares lunares, con el control de Estados Unidos, podría considerarse contrario a la prohibición de apropiación del Tratado de la ONU”, advierte a Sinc Ram Jakhu, director asociado del Centro de Investigación del Aire y el Derecho Espacial (Canadá).

Una posición que podría enfrentar a EE UU con otros estados. “Declarar estas áreas como parte de un parque nacional estadounidense podría ser percibido por otros países como un reclamo de soberanía sobre la superficie lunar, lo que contradice al Tratado de la ONU”, añade O’Leary.

Declarar estas áreas como parte de un parque nacional estadounidense podría ser percibido por otros países como un reclamo de soberanía sobre la superficie lunar, lo que contradice al Tratado de la ONU
Ambos expertos se muestran contrarios a la iniciativa legislativa, al plantearse de forma unilateral, y recuerdan que la protección de estos sitios es un asunto de interés y preocupación de toda la humanidad. “La protección debería lograrse a través de un acuerdo internacional que podría iniciar Estados Unidos”, propone Jakhu.

Un primer paso podría ser el conocido como Acuerdo de la Luna, que la ONU publicó en 1979, y que reconoce al satélite como una propiedad común que, como tal, debería regirse por un régimen jurídico internacional. Sin embargo, este texto solo lo han ratificado quince países, entre los que no se encuentran ni Estados Unidos ni España.

Por su parte, la NASA hizo público en 2011 un documento sobre cómo proteger y preservar el valor científico e histórico de los artefactos depositados en tierra lunar por el Gobierno estadounidense. En su redacción participó O’Leary aunque admite que el trabajo “no son más que directrices y no tienen la fuerza de ley ni de tratado internacional”.